La dirección pública profesional (DPP) se encuentra en la agenda política de los últimos gobiernos como un elemento clave en la consecución de unas Administraciones Públicas eficientes, de calidad y puestas al servicio del ciudadano. Sin embargo, a diferencia de lo que ya sucede en otros países de su entorno, en España no se ha producido una institucionalización definitiva de esta figura.

En este escenario, existen dos grandes grupos de interesados que salen netamente benefiaciados: los políticos, que obtienen a modo de botín postelectoral estos puestos de dirección pública, y los propios empleados públicos, que desconfían de un nuevo profesional en el ámbito público, especialista en técnicas directivas. El resultado es que las personas que en la actualidad desempeñan un rol directivo en la Administración Pública están sometidos a un estado de "liquidez", que los aleja de una verdadera profesionalización.

De este modo, en esta ponencia abordamos el actual estado de insportable levedad de la función directiva en la AGE y los principales grupos de interés que actúan en el mantenimiento del statu quo actual.