La institucionalización de la evaluación y sus desarrollos específicos en el área del empleo y la inclusión son una línea emergente en la acción pública (así lo muestra, por ejemplo, la reciente creación de Besaldi, Órgano Público Independiente de Evaluación de Políticas de Empleo e Inclusión). Por eso, esta ponencia propone una  lectura crítica de los modelos de evaluación de políticas públicas cuyo foco se reduce a aspectos técnicos y/o
managerialistas, basados en una supuesta neutralidad del conocimiento. Frente a ellos, este trabajo plantea transitar hacia un modelo de evaluación participativa de las políticas públicas cuya orientación sea la profundización democrática en términos de justicia social.

El eje central del planteamiento es la incorporación de las personas beneficiarias de las Políticas Públicas de Empleo e Inclusión en la evaluación de las mismas, reconociendo que los saberes son múltiples, y por tanto, los/as perceptores/as son los/as agentes y sujetos activos/as más directamente interpelados a la hora de definir los problemas públicos, y -por tanto- diseñar y evaluar políticas públicas de empleo e inclusión que reduzcan los sesgos que reproducen desigualdades sociales. Más aún teniendo en cuenta que persiste en el
imaginario colectivo una perspectiva asistencialista y benéfica de las políticas de empleo e inclusión: en muchas ocasiones asociadas negativamente a la pobreza económica y a los grupos de riesgo.

Así, se sostiene que para hacer un juicio de valor fiel a la realidad de estas políticas, es necesaria la  participación de personas que experimentan de primera mano los efectos e impactos de este tipo de políticas. De esta manera, incorporar los colectivos implicados en la evaluación de políticas públicas no solo aporta legitimidad, eficacia y rigor metodológico, sino que convierte la evaluación en un proceso inclusivo de empoderamiento, orientado a la profundización democrática en términos de justicia social.