Las poblaciones migrantes se ven muy afectadas en caso de emergencias de salud, ya que están más expuestas a experimentar mayores vulnerabilidades debido a una combinación de barreras políticas, socioculturales, económicas y legales, que podrían frenar el acceso de los migrantes al sistema de salud y servicios de bienestar. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve los riesgos a los que están sujetas estas comunidades.

A medida que los gobiernos europeos comenzaron a establecer bloqueos para “aplanar la curva” del virus las vulnerabilidades de los migrantes se exacerbaron. Se implementó una amplia gama de medidas de emergencia en toda la UE, pero a menudo no lograron abordar las necesidades y vulnerabilidades específicas de grupos específicos de la población. No obstante, Portugal adoptó una medida excepcional para proteger a este grupo vulnerable, mediante la implementación de un proceso extraordinario de regularización a todos los ciudadanos extranjeros con procesos pendientes. Por lo tanto, es imperativo comprender el impacto de las emergencias de salud en los grupos vulnerables y evaluar las ventajas y los límites de tales mecanismos. Argumentamos que la adopción de estas medidas extraordinarias es un ejemplo en términos de buenas prácticas para salvaguardar los derechos humanos y la seguridad humana de los migrantes en momentos críticos, a pesar del carácter temporal de estos instrumentos.