El 20 de octubre de 2011 ETA anunciaba el “cese definitivo de su actividad armada” que venía desarrollando desde poco después de su nacimiento en 1959. Se iniciaba así el final del último conflicto armado que subsistía en Europa de la ola de violencia política que atravesó el continente a partir de los años setenta, vinculada a disputas nacionales y de clase. Aunque el terrorismo de carácter interno ya no sea un objeto de preocupación ciudadana, lo cierto es que aún no puede darse por cerrada la contienda citada: no se ha producido un desarme de la organización, no se han puesto en marcha políticas integrales estatales de reconciliación y continúan activas las medidas penales y penitenciarias de excepción. Es necesario seguir generando conocimiento científico. En el presente artículo se llevará a cabo una reconstrucción de las respuestas estatales que se han desarrollado en España a partir de la instauración de a democracia para hacer frente a la violencia de ETA. Desde una perspectiva multidisciplinar, que combina el análisis de las políticas públicas y los estudios sobre terrorismo, se identifican tres periodos de la acción antiterrorista, el último de los cuales llega hasta nuestros días. Se parte de la premisa que el proceso de evolución de las diversas medidas legales y de acción de los aparatos del sistema penal en relación a la amenaza de ETA no puede desvincularse del desarrollo del propio conflicto armado, de las características e intensidades que este va tomando en el tiempo. Y al revés: el devenir de la organización también se adapta a los cambios en la institucionalidad. Así pues, la situación actual podrá comprenderse mejor a través del prisma histórico y utilizando un instrumental analítico politológico.