A pesar de que el derecho a la información ya se reconoce como fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ha sido mucho más recientemente cuando la exigencia de transparencia, como uno de los pilares necesarios para el cumplimiento del mencionado derecho, se extiende como la pólvora por ese mundo que creíamos globalizado. Documentos de organizaciones internacionales; declaraciones de líderes políticos; la creación ad hoc de oficinas, agencias, consejos o direcciones generales; la aprobación de leyes que prometen la implementación de medidas para favorecer la transparencia...y un sinfín de artículos científicos sobre la materia,  hacen de la transparencia un concepto cuyo uso (y a veces abuso) está de plena actualidad.

La ponencia que proponemos comienza con un primer apartado en el que se hace un breve recorrido histórico por la evolución de la relación ente poder y secreto, relación que ha estado (¿sigue estando?) en la médula del ejercicio del poder político desde que se formula en la doctrina medieval del derecho divino de los reyes. Algunos siglos después, la teoría liberal del Estado mínimo parece abrir un espacio para el control social  de la actuación de los poderes públicos,  y su posterior fusión con la teoría democrática del acceso al poder,  inaugura  la época de las exigencias de transparencia informativa y publicidad de la acción gubernamental. Sólo tiempo más tarde se afirma como reivindicación la necesidad de que los gobiernos estén abiertos a la ciudadanía.

El segundo apartado del trabajo pretende tener una naturaleza más crítica. Dado que uno de los mantras del mantra para invocar el derecho a la información es recurrir al lugar común de que estas exigencias proceden de la ciudadanía (que estarían a la altura de las exigencias de mayor participación ciudadana…), reflexionaremos sobre los datos que sostienen esta afirmación partiendo de preguntas tales como: ¿son realmente los ciudadanos los que reclaman transparencia en la acción de los poderes públicos? Si es así, ¿qué ciudadanos? ¿A quién benefician realmente las infraestructuras institucionales creadas para proveer de información a los ciudadanos? ¿Es posible que la generación de los 140 caracteres consiga interesarse por el portal de transparencia de su ayuntamiento en el que se expone, por ejemplo, una relación de las licitaciones de obra que salieron a concurso el último mes? ¿Y si los circuitos de la información global siguen el mismo curso que el que reclaman para sus fronteras los ciudadanos y los líderes políticos de algunos Estados?