En los últimos años, son cada vez más los gobiernos locales que apuestan por autodefinirse como “cuidadores” (Diputación de Barcelona, Declaración de municipios cuidadores, 2022). Con ello, no solo pretenden garantizar la provisión de los servicios de cuidado en el entorno urbano, sino también reconocer su valor social y promover un debate público sobre las necesidades de cuidado y el reparto de responsabilidades público-privadas para su satisfacción (Fundación Mémora, Libro de Ciudades que cuidan, 2021). 

El fenómeno de las “ciudades cuidadoras” se explica por la intersección de, al menos, dos tendencias recientes. En primer lugar, la incorporación protagonista de los “cuidados” al debate y la agenda públicos, que, de la mano de la teoría feminista, ha servido para diagnosticar la “crisis de los cuidados”, así como para reivindicar y construir una ética (Camps, V., 2020), un urbanismo (Chinchilla, 2020) e incluso un modelo económico (Lawson et al., 2020) y democrático (Tronto, 2013) que los sitúe en el centro del diseño de las políticas públicas y del reconocimiento y garantía de derechos en el ámbito normativo. Y, por otro lado, el crecimiento y la transformación de las ciudades (Auby, 2020), que las posiciona como actores globales (Sassen, 2001) llamados prioritariamente al diseño e implementación de políticas en favor del desarrollo sostenible (a través de instrumentos como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” o las Agendas urbanas), y que dota a la autonomía local de una nueva dimensión comprometida con la cohesión e inclusión social y la perspectiva de género (Font Llovet y Galán, 2020).

En contexto, esta comunicación, que se enmarca en la primera fase del Proyecto I+D “Ciudades cuidadoras: competencias y formas de gestión de los servicios de atención a las personas en las grandes áreas urbanas”, pretende contribuir a la sistematización y análisis de cómo el concepto de “cuidado” incide en el sistema de gobernanza de los servicios de atención a las personas en los entornos de las grandes áreas urbanas. En particular, se parte de la hipótesis de que las especiales características de los servicios de cuidados -servicios personales, basados en la proximidad y en la solidaridad- justifican una mayor asignación de competencias a los gobiernos locales y una opción por formas de gestión preferentemente públicas, que prioricen la calidad y la inclusión social en su prestación.

Como primer estadio para el contraste de esta hipótesis general, esta comunicación parte del carácter pluridisciplinar y expansivo del concepto de “cuidado” y de su todavía parcial y limitada precisión tanto en el ámbito jurídico como de las políticas públicas. A partir de aquí, se analiza cómo ha sido delimitado este término en la agenda de los gobiernos de los distintos niveles territoriales (europeo, estatal y autonómicos) hasta llegar al local, estudiando las diferentes estrategias, planes y programas institucionales en relación con tres aspectos principales: a) su relación con otros conceptos afines más tradicionales (servicios sociales, asistencia y acción social…), b) el catálogo de necesidades sociales y funciones públicas que se incluyen, y, c) muy especialmente, los sujetos públicos y privados que se señalan como responsables de las diferentes políticas y acciones. El trabajo permite concluir un cierto efecto dispersivo del concepto de cuidado en el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales.