Tras 35 años ininterrumpidos de profundización de la autonomía local en el marco de la Constitución de 1978 y la Ley reguladora de las bases del régimen local de 1985, a falta del mejor criterio de nuestro supremo intérprete constitucional, la reforma de 2013 ha supuesto una drástico reducción para la autonomía local. La clarificación de competencias locales, la racionalización de las estructuras administrativas, la reducción del número de entes instrumentales locales y la limitación del gasto de personal, en aras de la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la eficiencia en el uso de recursos públicos locales, también ha supuesto una limitación en la capacidad de los entes locales para desarrollar las conocidas como competencias impropias, estrechamente relacionadas con políticas públicas en materia de derechos sociales.

Nuestro objetivo con esta comunicación es analizar las primeras consecuencias de esta ley para la ciudanía, hasta qué punto se han visto reducidas las políticas sociales implementadas por los entes locales y qué medidas sustitutorias se han planteado, en caso de que se haya hecho: ¿Qué efecto ha tenido la reforma de la administración local de 2013 para el bienestar de la ciudadanía en nuestro contexto de restricción de la intervención pública?