La violencia de género se expresa en aquellas convicciones, actitudes o conductas ejercidas por el hombre hacia su compañera sentimental por considerar que dentro de su cultura ser hombre incluye ciertas formas de dominio hacia su mujer, como si el hombre ocupase una posición prevalente que le autoriza a tomar decisiones con respecto a su mujer, como si fuese parte de su propia identidad de lo que para él significa ser o comportarse como un hombre. Por tanto, la violencia de género, no es un acto de violencia espontáneo y motivado por una diferencia de igual a igual, sino la expresión de un mandato cultural del significado asignado al hombre y a la mujer dentro de dicha relación de convivencia. Por tanto, se trata de una violencia cualificada y no genérica, pues en el propio ejercicio de violencia psicológica, física o de cualquier otra índole existe ya otro modo de violencia implícita más profunda: la violencia cultural expresada en las convenciones sociales. Esta raíz cultural de la violencia contra las mujeres queda patente en los datos arrojados sobre las denuncias de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, hemos de apresurarnos a indicar que estos datos constituyen la punta del iceberg de un fenómeno estructural del propio modo de concebir las relaciones de convivencia que no siempre aflora en sede judicial. Por diferentes razones, en primer lugar, porque muchas mujeres entienden que parte de su responsabilidad como mujer es asumir la vida que le haya tocado al lado de su marido, y no hacerlo, lo percibe como si fuese responsable de su fracaso y también del fracaso de sus propios hijos. Por otro lado, el Derecho en sí mismo es una institución patriarcal y está diseñada en sus procedimientos y concepto de resolución de conflictos desde una lógica de la confrontación de partes que es extraña para la mentalidad de la justicia de las mujeres, que buscan más mediaciones que sentencias y formas pactadas de buscar una vida independiente y armoniosa. Por tanto, estos datos hay que interpretarlos con cautela, pues la solución a la violencia de género más educativo que judicial. Dicho esto, vamos a ofrecer algunos datos que muestran la persistencia de este problema en la sociedad española, de acuerdo con el informe del primer trimestre del 2012 del Consejo General del Poder Judicial. El número de denuncias en dicho semestre ha sido de 30.895, casi 340 denuncias diarias, mientras que se han dictado 13.138 sentencias sobre casos de violencia de género. Más de la cuarta parte de estas denuncias se resuelven por juicio rápido. Interesa fijarse también en el perfil de los denunciantes, pues podemos ver de qué modo tanto 73 mujeres como la propia sociedad toman conciencia de este problema. En la mayoría de los casos son las mujeres víctima de la violencia quienes se deciden a poner la denuncia directa (73,23%), mientras que en el caso de lo que podríamos denominar una denuncia indirecta, derivan bien de partes de lesiones o faltas, 11,75% o por la intervención de los agentes de policía, 12,21%. En cambio, la prueba de que este tipo de agresiones se sigue percibiendo como una característica de una convivencia privada y no como un delito, se refleja en que sólo el 1,29% de los casos fueron los familiares quienes presentaron los casos o bien servicios de asistenciales, 1,51%. 

Los medios de comunicación ejercen una importante función en la normalización de conductas. El modo en el que viene tratada la violencia de género puede tener un efecto contraproducente, toda vez, que la denuncia puede enviar una mensaje equóvoco si se resalta la violencia como un patrón de conducta machista que sigue estando legitimada en el imaginario social, como una de las opciones disponible a la identidad masculina. Pretendemos realizar un análisis de diversas piezas informativas para analizar los discursos informativos sobre la violencia de género, sobre todo, centrándonos en los casos resueltos por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.