El voto tiene un valor central en democracia, toda vez que establece un procedimiento equitativo de elección y de toma de decisiones. Es además una piedra de toque de los derechos de los ciudadanos y de los deberes cívicos que esos ciudadanos contraen entre sí. Pero si creemos que votar debe redundar en la calidad de la democracia y, por lo tanto, que debemos ejercer bien ese derecho, parece que se nos abren dos alternativas encontradas que, aunque no son habituales por nuestros lares, tienen un innegable atractivo: por un lado, ¿por qué no aceptar un sistema de voto obligatorio, como existe en otros países democráticos?; o, por otro lado, ¿por qué no aceptar un sistema que imponga la obligación de abstenerse a los ciudadanos que votan sistemáticamente mal, esto es, de manera irracional, arbitraria o inmoral? Optar por una de esas alternativas (o decantarse por la opción por defecto, la que contempla el voto -y la abstención- como un derecho que podemos cumplir discrecionalmente) tiene a su vez consecuencias sobre el modo en que incluimos o excluimos a ciertos colectivos del derecho (supuestamente universal) a votar: los sin-papeles, los residentes ocasionales que no son ciudadanos españoles, los ciudadanos que no residen en este momento en el país, los discapacitados, los menores de edad, los criminales...

Me interesa enfatizar que las dos alternativas antes mencionadas coinciden en cuestionar la posición estándar sobre nuestra comprensión ordinaria del derecho a votar y sobre el estatuto legal vigente del mismo en nuestro país y en otros países de nuestro entorno. Pues, por un lado, la defensa de que existe el deber cívico de participar en los procesos electorales cualifica el derecho de los ciudadanos a votar en el sentido de fijar una obligación legal de votar. Y, por otro lado, la defensa de que los ciudadanos incompetentes tienen la obligación moral de abstenerse recibe igualmente una cualificación ulterior que, en base a un supuesto derecho a un electorado competente, trata de justificar una obligación legal de no votar.

Frente al argumento igualitario en favor del voto obligatorio y frente al argumento epistocrático en favor del sufragio restringido para los ciudadanos con una demostrable competencia política, en mi ponencia argumentaré, entre otras cosas, que ambas posiciones son exageradamente paternalistas y defenderé por mi parte un punto de vista deliberativo que entiende que son compatibles las obligaciones de participar con las obligaciones de abstenerse cuando esto se hace necesario. Sostendré igualmente que cabe ofrecer desde este punto de vista varias modulaciones deliberativas de la abstención activa, así como varias modulaciones de representación negativa que pueden completar hasta cierto punto la indeterminación y la ineficacia electoral a la que aquélla se ve tradicionalmente sometida.