La designación de España como sede de los JJ.OO de 1992 supuso un conjunto de obligaciones de tipo económico, institucional y territorial para las diferentes administraciones públicas con el objeto de que el evento transcurriese adecuadamente. Es frecuente encontrar análisis sobre el impacto urbano o económico que tuvieron los Juegos de Barcelona. Sin embargo junto a estas obligaciones, España tuvo que hacer frente a un reto adicional: dotarse de una estructura deportiva adecuada para poder ofrecer una buena imagen exterior siendo competitiva en todas las modalidades deportivas a las que estaba clasificada en condición de país organizador y lo hizo a través del programa ADO. 

La ponencia analiza cómo una obligación derivada de la normativa olímpica se ha convertido en una política pública exitosa que ha durado más de 30 años en España y que ha permitido la modernización del sistema deportivo manteniendo el liderazgo del sector público, y principalmente del gobierno central, en la planificación del modelo deportivo español que tan buenos resultados ha dado durante las ultimas dos décadas.