Durante los primeros meses de la crisis por la COVID-19, gobiernos de todo el mundo empezaron a usar las Tecnologías de Información y Comunicación con propósitos diversos: desde el control de los movimientos de la población, hasta el desarrollo de iniciativas innovadoras para fomentar la participación ciudadana durante la pandemia (Meijer et al., 2020). En el caso de España, se desarrollaron varios proyectos, entre los que destacó el caso de Frena La Curva, una plataforma colaborativa impulsada desde el Laboratorio del Gobierno de Aragón (LAAAB), que contó con la participación de una gran cantidad de organizaciones privadas y públicas, además de ciudadanos particulares.

En el marco de esta iniciativa, se creó un mapa para geolocalizar necesidades y ofertas de ayuda, un foro de iniciativas ciudadanas, un laboratorio ciudadano, un festival, entre otras actividades. El proyecto se expandió a 16 países de Latinoamérica, con el apoyo de una red de voluntarios y organizaciones de una variedad de sectores.

En vista de las restricciones de movilidad, como consecuencia de las medidas para frenar la expansión del virus, todas estas iniciativas se desarrollaron completamente en línea. Por esta razón, surgió la inquietud de estudiar este caso para entender el uso de las TIC en procesos de gobernanza colaborativa, especialmente durante un escenario de crisis. Con el uso del modelo de gobernanza colaborativa, desarrollado por Ansell y Gash (2007), se analizará el contenido de documentos oficiales y de 12 entrevistas semiestructuradas, para entender las condiciones de partida que permitieron el surgimiento del proyecto, el liderazgo, el diseño institucional, y el proceso de colaboración en sí mismo, haciendo énfasis en la forma en la que las TIC contribuyeron (o no) con estas dinámicas.

Referencias

Ansell, C., y Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4): 543-71.

Meijer, A. et al. (2020). The COVID-19-crisis and the Information Polity: An Overview of Responses and Discussions in Twenty-one Countries from Six Continents’. Information Polity, 25(3): 243-274.