La sentencia del TEDH en el caso Verein KlimaSeniorinnen v. Suiza (2024) representa un hito para el litigio climático; sin embargo, establece una arquitectura paradójica que prioriza la dimensión sistémica mientras neutraliza la protección individual. Al establecer un umbral excepcionalmente alto para la condición de víctima (Art. 34 CEDH), el Tribunal provoca una "parálisis diagnóstica": reconoce los riesgos diferenciados que sufren los grupos vulnerables, pero no les concede legitimación procesal.
Esta comunicación propone un modelo de individualización informado por la vulnerabilidad como alternativa técnica a la tradicional localización del daño. Se argumenta que, ante riesgos sistémicos y desterritorializados, la vulnerabilidad puede actuar como un "localizador técnico" que sitúa la amenaza dentro de la fragilidad biológica y social específica del sujeto. Al otorgar a la vulnerabilidad un papel decisivo dentro del examen de la condición de víctima, este modelo permite definir los límites de la adaptación personal obligatoria y garantiza una justicia climática efectiva sin derivar en una actio popularis.