Desde los 80 varios países latinoamericanos realizaron reformas constitucionales en las que incorporaron la revocatoria de mandato entre otros mecanismos de democracia directa. Esta herramienta permite a los ciudadanos destituir representantes electos a través de un referéndum por ellos solicitado. México es hasta ahora el último país en incorporarla en su constitución nacional: se hizo en 2019, en cumplimiento de la promesa de campaña del luego presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Es también el cuarto Estado que habilita la revocación presidencial (luego de Venezuela, Ecuador y Bolivia). Durante 2021, y tal cual lo prometido en campaña, el propio presidente puso en marcha este mecanismo, pero a los efectos de ratificar popularmente su permanencia en el cargo. Analizar el diseño institucional de este instituto de control ciudadano, junto a los resultados de su primera implementación en 2022, es el objetivo de esta ponencia.