Si algo nos ha demostrado la pandemia de Covid-19 que ha asolado – y continúa – al mundo ha sido que, de un día para otro, grandes colectivos de personas pueden ver afectados sus derechos particulares y supraindividuales – en concreto, el derecho fundamental a la educación – y encontrarse sin herramientas para reclamar los daños sufridos y evitar que se repitan en el futuro. No obstante, si bien el Covid-19 lo ha puesto sobre el tablero, la realidad es que ello hace años que viene ocurriendo, como los miles de afectados que dejó el famoso ‘Caso Opening’ allá por 2013. Siendo así, ¿qué mecanismos pueden crearse, activarse o fomentarse desde las instituciones para salvaguardar el derecho de todos a la educación? ¿Pueden ser las acciones colectivas una buena herramienta para protegerlo y evitar su vulneración en el futuro?  Con el fin de dotar de respuesta a estas cuestiones, el propósito de la ponencia es desengranar, mediante un análisis jurídico-político de los precedentes, las claves para diseñar políticas educativas con impacto social que salvaguarden el valor y el derecho a la educación y en especial determinar si las acciones colectivas pueden ser una buena herramienta jurídica para proteger a los afectados.