El movimiento vinculado al derecho al aborto en Argentina posee una larga trayectoria de organización social y política que ha impactado no solo en el ámbito nacional sino también en otras regiones de América Latina (Sutton y Vacarezza, 2021; Barrancos, 2020). Desde el retorno de la democracia al país en 1983, las activistas feministas han desarrollado múltiples estrategias para introducir el tema en el debate público, lo que culminó en la aprobación de la Ley N.º 27.610 sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020.

Los estudios que trazan el recorrido del activismo por el derecho al aborto en Argentina identifican el surgimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (en adelante, la Campaña) como un punto de inflexión decisivo (Ciriza, 2013; Rosenberg y Schvartzman, 2014). Creada en 2005 como una alianza federal de organizaciones y activistas de diversos sectores de la sociedad, la Campaña busca promover la legalización del aborto voluntario. Desde sus inicios, ha funcionado como una compleja red de alianzas, negociaciones y relaciones de poder dentro del campo feminista, caracterizada por una fuerte estructura federal y una presencia territorial sostenida (Zurbriggen y Anzorena, 2013). A partir de 2018, encabezó el ciclo de movilización conocido como Marea Verde, que expandió y masificó el movimiento por el derecho al aborto en numerosos países latinoamericanos.

El presente trabajo tiene como objetivo comprender la experiencia de la Campaña en Argentina, centrándose en tres dimensiones: i) su configuración política y dinámicas internas; ii) las diferentes tendencias feministas que convergen en ella; y iii) sus modalidades de articulación. El estudio adopta un enfoque cualitativo de estudio de caso centrado en la experiencia de la Campaña en la provincia de Mendoza, un contexto marcado por las tensiones que atraviesan el debate sobre el aborto en una sociedad con importantes sectores conservadores. Los datos se recopilaron a través de 22 entrevistas en profundidad a integrantes de la Campaña, seleccionadas mediante un muestreo intencional, no representativo y de máxima variación (Patton, 2001). El alcance temporal abarca el período 2005-2020, desde la fundación de la Campaña hasta la promulgación de la ley IVE.

Este estudio se enmarca en las teorías sobre movimientos sociales y acción colectiva, especialmente en los desarrollos del giro pragmático francés en este campo. Articula tres herramientas conceptuales clave: la noción de experiencia colectiva propuesta por Daniel Cefaï (2011), el concepto de gramática de acción política reelaborado por Ana Natalucci (2015; 2022), y la categoría de demanda no negociable de Donatella Della Porta (2015).