Los movimientos sociales indígenas han transformado la política latinoamericana, exigiendo mayor reconocimiento, derechos y participación política. Sin embargo, las respuestas de los Estados han sido diversas.  Centrándose en tres casos donde movimientos indígenas recientes contribuyeron al desarrollo de procesos constitucionales —Bolivia, Ecuador y Chile—, esta investigación examina las condiciones que hacen viables políticamente las reformas plurinacionales.
Este trabajo plantea la hipótesis de que la relación del Estado con la tierra y el territorio, la incorporación política indígena significativa y los precedentes institucionales configuran la respuesta del Estado a los movimientos sociales indígenas. La reforma agraria, la descentralización y la ampliación de los derechos legales facilitaron que los movimientos sociales indígenas se tradujeran en éxito político en Bolivia y Ecuador. En contraste, el caso chileno se caracteriza por un gobierno altamente centralizado, una escasa incorporación política de los grupos indígenas y un enfoque extremo en la seguridad y la unidad nacional, lo que limita la capacidad de movimientos como el estallido social para generar un cambio transformador. Los resultados sugieren que los movimientos sociales tienen más probabilidades de generar resultados democratizadores cuando complementan un proyecto a largo plazo de incorporación institucional que normalice la participación indígena desde dentro del Estado.