El reconocimiento y la regulación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad ha sufrido una mejora considerable en las últimas décadas. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, ofrece mecanismos sencillos y ágiles, como el arbitraje, para resolver los posibles conflictos en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad. A pesar de ello, las Administraciones Públicas competentes han desoído la obligación de desarrollar la infraestructura necesaria para ello, dejando al colectivo de personas con discapacidad desamparadas y sin poder ejercer sus derechos fundamentales. En consecuencia, a través de un análisis cuali-cuantitativo, se ha encuestado a 20 Administraciones Públicas y a 2 organismos sociales, con el objetivo de determinar por qué el sistema arbitral de discapacidad no se ha desarrollado. El resultado obtenido arrojó seis razones como justificación de la inoperatividad de esta herramienta, destacando la ausencia de demanda social y la falta de recursos personales y económicos, aunque todas ellas se han rebatido con posibles soluciones a adoptar.