Los sectores defensores de los Acuerdos de Paz de La Habana, de 2016, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP enfatizan la contribución decisiva de las dos Misiones Políticas Especiales de Naciones Unidas en el país (de 2016 a 2017 y de 2017 a la actualidad) para mantener vivo el proceso de paz, a pesar de las dificultades. Esta comunicación, sin embargo, explora otra dimensión apenas estudiada: no tanto el papel de Naciones Unidas en dicho proceso de paz, sino, a la inversa, el papel que este viene jugando para que Naciones Unidas avance en la reforma de su pilar de paz y seguridad.

En efecto, a partir de 2015 las Naciones Unidas emprendieron un proceso de transformación de sus políticas en materia de paz y seguridad, en respuesta a múltiples desafíos: auge de conflictos intratables, multipolarización del orden internacional, creciente peso de las organizaciones regionales, cuestionamientos al marco normativo de la paz liberal, fracaso de sus misiones de mantenimiento de la paz en diferentes escenarios, etc. A la vista de dichos desafíos, que amenazaban la relevancia de su trabajo en la materia, Naciones Unidas emprendió un proceso de reforma de su “pilar de paz y seguridad”, con una transformación de su estructura organizativa así como también de sus objetivos, criterios y pautas de trabajo.

Esta comunicación parte de la hipótesis de que el proceso de paz de Colombia le ha ofrecido a Naciones Unidas la posibilidad de llevar a la práctica muchos de los elementos de tal reforma. No en vano, las dos únicas Misiones Políticas Especiales establecidas por esa organización en el mundo después del inicio de la citada reforma han sido las dos creadas en Colombia. Entre tales nuevos principios y criterios, que habrían encontrado en Colombia un banco de pruebas adecuado, cabría mencionar: la priorización de los acuerdos políticos endógenos por encima de las soluciones militares o técnicas; la adopción de un enfoque de prevención de conflictos, mediante la integración de las diferentes políticas de la organización en materia de paz, derechos humanos y desarrollo; el diseño de actuaciones ajustadas a las condiciones específicas de cada territorio, con una fuerte presencia en el terreno y capacidad de interlocución con los actores y sociedad civil locales; la adopción de un enfoque centrado en las necesidades de las personas, superando las perspectivas estatocéntricas; el trabajo en partenariado con otras organizaciones regionales e internacionales; y la adopción de una perspectiva de género transversal. La comunicación rastreará la presencia de estos criterios en sendas misiones de NNUU en apoyo al proceso de paz de Colombia, caracterizado por la idea de la “paz territorial”, que atribuye gran importancia a la diversidad de sus territorios y a las dinámicas específicas de cada uno de ellos.