España se había convertido en el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no disponía de una ley de transparencia y de acceso a la información, a pesar de que este era un derecho reconocido en todos los tratados internacionales que versaban sobre derechos fundamentales, más cuando éste derecho es considerado como crucial para el mantenimiento de un Estado democrático moderno, además de ser una herramienta esencial para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la lucha contra la corrupción y la optimización de los recursos. Pero esta carencia del sistema político-administrativo español fue, en parte o aparentemente, resuelta con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y buen gobierno.

Por tal motivo, en esta ponencia se plantea la siguiente pregunta ¿España es más transparente hoy? ¿La ley de Transparencia ha contribuido a incrementar los niveles de transparencia y de regeneración en la administración pública en España? Según el informe “Global Right to Information Rating” España ocupa el puesto 64 de 100 países en niveles de transparencia. Para verificar esta información, y medir su verdadero alcance, vamos a analizar las medidas que se han llevado a cabo en materia de transparencia en el territorio español, además de determinar su alcance tomando como unidad de estudio dos comunidades autónomas: Castilla y León y Madrid.