El auge desmedido de la criminalidad organizada en América Latina en términos de pluralidad de manifestaciones y de gravedad del impacto de las mismas, incluyendo sus aproximaciones a otras fenomenologías criminales complejas como el terrorismo o los movimientos insurgentes, ha acarreado una singular erosión de la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar social, al tiempo que ha favorecido la quiebra de los principios consustanciales de la democracia y del Estado de Derecho.

Ante esta situación de extrema gravedad, muchos Gobiernos han recurrido al empleo de

sus Fuerzas Armadas para contrarrestar la amenaza criminal. Y éstas, dentro de sus novedosas atribuciones, han apostado por el empleo estratégico de las capacidades de inteligencia en la lucha contra la criminalidad organizada. Decisión que ha abierto un relevante debate sobre la adecuación, no solo del recurso al estamento militar para este cometido –al margen de los cuerpos policiales–, sino lo delicado de implicar a personal

militar en labores de inteligencia dentro del territorio nacional con autonomía operativa, desligados de los respectivos servicios de inteligencia nacionales, con todos los prolegómenos que dicha intervención puede acarrear en términos operativos y de calidad democrática, y respeto al Estado constitucional social y democrático de derecho. Circunstancia, que amerita una reflexión en torno a los costes constitucionales y de las capacidades de inteligencia incurridos en contraposición con los resultados obtenidos, que contribuya a dilucidar los interrogantes e incertidumbres suscitados.