La desigualdad económica y patrimonial de las mujeres es un hecho constatado, simplemente comprobando cómo la feminización de la pobreza no deja de expandirse. En este trabajo de investigación nos hemos preguntado cuál es la razón profunda que informa esta realidad, circunscribiendo el estudio a la más cercana y tangible, España, donde los indicadores de igualdad legal han alcanzado un 76,4% en el último Índice Europeo de Igualdad de Género elaborado por el IEGE en 2021, un 1,8% más que en 2020, lo que arroja un resultado de 6,2 puntos más que la media de la UE.

La igualdad legal, está arraigada en nuestra sociedad y en el legislador, al menos en la forma; no así en lo relativo al derecho material. Una de las principales causas de esta desigualdad se encuentra en el derecho de familia, concretamente en la regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges y en el levantamiento de las cargas familiares, toda vez que la institución matrimonial aún estructura e informa muchas de las relaciones jurídicas con terceros y con el Estado.

Los sistemas jurídicos vigentes son el resultado de la evolución histórica de los sistemas anteriores, que han ido dejando un rastro por tradición, por oportunidad política, por aplicación principios fundamentales; por esa razón, en este trabajo de investigación se ha profundizado tanto en los conceptos que intervienen en la formación de la figura central que analizamos, el régimen económico matrimonial, como en la evolución histórica que han sufrido dentro del contexto político y económico, observado desde la posición del movimiento feminista.

La adopción de un determinado régimen económico matrimonial nos previene de la naturaleza económica del matrimonio, razón por la cual se impone la necesidad de elaborar una investigación histórica de la institución desde sus orígenes, para descender al recorrido histórico en España. En esta trayectoria reparamos en que el papel de las mujeres siempre ha sido testimonial, imprescindible en la reproducción, pero sin respeto por sus derechos reproductivos, y nos preguntamos por el origen del sometimiento: la falta de instrucción y de relevancia jurídica ha mantenido a las mujeres en un papel de sumisión que algunos regímenes políticos y siempre el modelo de producción económica, ha reforzado.

La reivindicación feminista de la ciudadanía de la mujer, que viene dada por la educación, la incorporación al mercado de trabajo y la vida pública y por consiguiente la independencia económica, se perfilan como eje principal de la igualdad jurídica formal.

Sin embargo, la base de desigualdad que se perpetúa en el sistema patriarcal dificulta la igualdad real, material, sobre todo en la situación económica que genera la aplicación del régimen económico ganancial, anclado en un tipo de matrimonio perpetuo y religioso que carece de sentido en relación con la institución civil que hoy día está regulada en nuestro derecho.

La desigualdad económica genera problemas concretos en la situación económica y patrimonial que padecen las mujeres en general, pero sobre todo las que nacieron en los años 60, 70 y 80 del S. XX, que se encuadran en el denominado «divorcio gris» es decir las que acceden al divorcio con una edad de 50 y 60 años que experimentan una caída del 45% en su nivel de vida, frente al 21% que afecta a los varones: la falta de conciliación que sufrieron en su vida laboral les arroja a una pobreza en forma de imposibilidad de regeneración laboral, acceso a pensiones de jubilación exiguas por falta de cotización y cotitularidad de bienes que no pueden mantener y a los que se ven abocadas a renunciar; además de verse afectadas por una liquidación del régimen en el que la mayor parte de las veces no han intervenido activamente y del que desconocen muchos extremos, deudas contraídas y posibles impagos que afectan al activo con el que creen contar.

Urge realizar cambios en el derecho matrimonial y familiar; la sociedad ya ha iniciado esos cambios: las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de los matrimonios actuales optan por un régimen de separación de bienes que se basa en la interiorización de un vínculo que no es perpetúo, aunque tenga vocación de perdurabilidad, en una percepción de individualidad económica y patrimonial, que si bien se pone al servicio de un proyecto vital común, preserva unos derechos económicos individuales imprescindibles para construir una independencia económica en una eventual situación de crisis o simplemente por una cuestión de singularidad personal, de proscripción del sometimiento y la sumisión.