Ha transcurrido una década del comienzo de la “Revuelta del 17 de febrero” en Libia, que pronto desembocó en un conflicto armado a gran escala. Este conflicto, desarrollado en sucesivas fases y persistente hasta la actualidad, ha mostrado un enfrentamiento entre las viejas y las nuevas élites, que rehúsan aceptar un proceso democrático en el que sólo la élite vencedora monopolizará los recursos del conjunto del país.  Desde entonces, hemos sido testigos de dos intentos de gobierno de unidad nacional—el último de ellos instaurado en marzo de 2021—que se han dado de bruces con tres etapas análogas de conflicto armado: el primero contra el régimen del fallecido Muammar el Gadafi; el segundo surgido tras la insurgencia de las fuerzas de Misrata, que no aceptaron la victoria electoral de las élites pro-gadafistas en 2014 y que culminó con una duplicidad de instituciones tras su establecimiento Toubruk, y el tercero en torno a la batalla de Trípoli, en 2019. También se ha podido observar la creciente intervención de países extranjeros en el país, que han proyectado sus propios intereses nacionales sobre el escenario libio, en beneficio de las distintas élites libias involucradas en el conflicto.

En este contexto, esta ponencia se pregunta por las razones del fracaso de los intentos de mediación política internacional para lograr el establecimiento de un acuerdo estable entre las élites políticas del país, en el marco de los impulsos diplomáticos propiciados por las Naciones Unidas, o de actores regionales, en particular Marruecos. Para ello, atiende al proceso de negociación subyacente entre las partes por el control de los recursos que relacionan territorio, identidad tribal e hidrocarburos.