Existe una amplia tipología de representantes no electorales potenciales que reivindican su lugar en el sistema  representativo. Rosanvallon (2008), por ejemplo, se refiere a las agencias independientes y a los tribunales constitucionales. Otros autores destacan el carácter representativo de los grupos de interés (Halpin, 2010) o el potencial papel de los ciudadanos que participan directamente en procedimientos de carácter deliberativo (Saward, 2010). Sin embargo, la competencia entre representantes en diferentes niveles puede generar un conflicto de legitimidades y suscitar  problemas para construir y, por tanto, representar lo que se considera bien común. El trabajo se centra en explorar la forma en la que se pueden revisar los procesos de adopción de decisiones para crear un sistema de participación institucionalizado que acomode esas formas de representación social no electoral.